Trece trabajadores de seguridad contratados por la empresa minera La Poderosa fueron encontrados muertos dentro de un socavón, más de una semana después de haber sido secuestrados el 25 de abril en un ataque armado en la región de Pataz. Fuentes oficiales indican que fueron amboscados por grupos vinculados a la minería ilegal.
💥 Emboscada brutal
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Los trabajadores fueron interceptados mientras patrullaban el perímetro de la mina.
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Según informes forenses, los cuerpos mostraban señales de tortura y fueron ejecutados con disparos a corta distancia, en lo que fue claramente un homicidio premeditado.
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Desde los primeros informes, se sospechó que bandas criminales ligadas a la minería ilegal orquestaron el ataque para controlar territorios y extorsionar a compañías formales y a mineros artesanales contractuales.
🛑 Historia de violencia y terrorismo minero
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Desde 1980, la empresa La Poderosa ha reportado la muerte de al menos 39 trabajadores en la región por violencia criminal en zonas mineras.
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En diciembre de 2023 hubo un ataque con explosivos que dejó nueve muertos y numerosos heridos.
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Las desgracias recientes reflejan una escalada violenta vinculada a la creciente minería informal bajo el programa REINFO, que ha permitido que canales ilícitos prosperen.
⏳ Respuesta del gobierno
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El gobierno peruano respondíó suspendiendo la actividad minera en Pataz por 30 días e imponiendo un toque de queda nocturno.
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Se desplegaron fuerzas armadas junto con unidades especiales de la Policía Nacional para investigar el caso y capturar a los responsables.
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Meses después, se autorizó la reapertura limitada de las operaciones formales, siempre bajo estrictas restricciones horarias y solo permitiendo actividad de mineros registrados.
🌍 Implicaciones más allá del oro
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La minería ilegal en Perú se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas del país, superando incluso al narcotráfico, con un valor estimado en cerca de 60 % del lavado de activos nacional.
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Muchas bandas criminales vinculadas al oro ilegal operan impunemente debido a la falta de control estatal y debilitamiento institucional, pese a los estados de emergencia decretados desde 2024.