El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha endurecido significativamente su postura hacia Cuba al implementar una serie de nuevas restricciones migratorias, comerciales y diplomáticas. Las medidas buscan aumentar la presión sobre el gobierno cubano por supuestas violaciones a los derechos humanos, apoyo al terrorismo y falta de cooperación en temas regionales.

✈️ Nuevas restricciones migratorias

Desde el 9 de junio de 2025, Cuba ha sido incluida en una lista especial que limita la emisión de visas hacia Estados Unidos. Esto implica:

• Suspensión de visas de turista (B-2), negocios (B-1) y de corto plazo.

• Reducción en la duración y cantidad de renovaciones posibles para visas humanitarias o familiares.

• Endurecimiento del control sobre entradas por reunificación familiar y solicitudes de asilo.

Estas restricciones se enmarcan en una política más amplia que afecta también a otros países señalados por “insuficiente cooperación migratoria”.

💸 Sanciones comerciales y financieras

• Se restablecieron sanciones contra entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, especialmente el conglomerado GAESA.

• Se prohibieron transacciones directas e indirectas con empresas estatales relacionadas con el turismo, transporte o telecomunicaciones.

• Las remesas personales desde EE. UU. hacia Cuba quedaron limitadas a un máximo mensual, y se prohibió el uso de ciertas plataformas digitales para su envío.

Además, se intensificaron los controles sobre bienes tecnológicos exportados a la isla, con especial foco en softwares, dispositivos móviles y servicios de conectividad.

📰 Medidas diplomáticas y mediáticas

• Cuba fue reincorporada a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo que dificulta su acceso a financiamiento internacional y tratados multilaterales.

• Se restringió el financiamiento a medios de comunicación con sede en EE. UU. que trabajen en Cuba, y se impusieron bloqueos a agencias de cooperación consideradas “injerencistas”.

🇨🇺 Reacción del gobierno cubano

El gobierno de La Habana rechazó enérgicamente las nuevas disposiciones, calificándolas como “hostiles, unilaterales y violatorias del derecho internacional”. En una declaración oficial, las autoridades cubanas acusaron a EE. UU. de “atacar deliberadamente a la población civil” y fomentar el aislamiento económico como arma política.

También reiteraron su disposición al diálogo, aunque sin aceptar imposiciones externas sobre su modelo político.