El crecimiento de grupos armados ilegales en Colombia ha tomado fuerza durante los últimos meses, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es débil o inexistente. La expansión de estas organizaciones ha generado un preocupante aumento de la violencia, los desplazamientos forzados y las violaciones de derechos humanos.

⚠️ Avance sostenido de estructuras armadas

Se estima que actualmente operan en el país más de 22,000 miembros de grupos ilegales, incluyendo guerrillas, disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Estos grupos han aprovechado el vacío institucional, el abandono territorial y la ausencia de servicios públicos para:

• Tomar el control de rutas del narcotráfico.

• Imponer reglas de convivencia en comunidades.

• Extorsionar a productores locales.

• Reclutar menores de edad, en especial en zonas indígenas y afrodescendientes.

🔥 Catatumbo y otras zonas en crisis

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido uno de los principales focos de enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC. Desde inicios de 2025:

• Más de 80 personas han muerto en choques armados.

• Más de 50,000 civiles han sido desplazados.

• Se han registrado secuestros masivos y confinamientos de comunidades enteras.

Otros departamentos como Arauca, Cauca, Nariño y Chocó también reportan aumento en los niveles de violencia y control armado.

👶 Niñez vulnerable y reclutamiento forzado

Organizaciones de derechos humanos denuncian que el reclutamiento de menores ha aumentado, con al menos 400 casos documentados en 2024, el doble que el año anterior. Las niñas y niños son utilizados como mensajeros, vigías o incluso combatientes, con secuelas físicas y psicológicas devastadoras.

🛑 Políticas de seguridad en disputa

El gobierno del presidente Gustavo Petro impulsó la estrategia de “Paz Total”, que busca el diálogo con todos los actores armados. Sin embargo, la falta de resultados tangibles, las rupturas de cese al fuego y la desconfianza de las comunidades han debilitado su implementación.

Recientemente, el Ministerio de Defensa anunció una nueva ofensiva militar combinada con proyectos de inversión social en los territorios afectados, aunque organizaciones civiles advierten que las respuestas deben ir más allá de lo militar.